Firma esta carta para apoyar los derechos de las mujeres, niñas y niños en Grecia!

Nos gustaría llamar vuestra atención sobre una situación muy urgente en Grecia: es un momento muy crucial porque los derechos de las mujeres y los niños y niñas que sufren violencia doméstica serán vulnerados por un nuevo proyecto de ley que está a punto de convertirse en ley en Grecia.

Este proyecto de ley viola no sólo el Convenio de Estambul (al menos los artículos 31, 45, 48, 26 y 56), sino también la Directiva 2012/29/UE sobre los derechos de las víctimas y la Convención de la ONU sobre los derechos de los niños y niñas: si se convierte en una ley, las madres y los niños y niñas maltratadas no tendrán salida del abuso.

El proyecto de ley está siendo severamente criticado por la Sociedad Jurídica Griega tanto por su calidad legal como por la violación de los derechos humanos. También está siendo rechazado por todas las organizaciones de mujeres, así como por las ONG que apoyan a las mujeres maltratadas en Grecia; todas piden su retirada, incluida la mayoría de los partidos de oposición del Parlamento griego, pero el Gobierno griego ignora nuestras voces y parece absolutamente decidido a votarla.

Necesitamos urgentemente vuestra ayuda para presionar al primer ministro griego para que retire este proyecto de ley a través de la firma de esta carta antes del 9 de mayo 2021: https://forms.gle/Dw56PVmQVwQWtJkB8

Podéis leer su traducción al castellano aquí debajo:

Llamada a retirar el proyecto de ley de custodia compartida obligatoria para TODOS y TODAS los niños y las niñas en Grecia

A la atención del Sr. Kyriakos Mitsotakis, Primer Ministro de Grecia

Estimado Sr. Mitsotakis

Las organizaciones firmantes, hemos tenido conocimiento del alarmante contenido del proyecto de ley griego titulado «Reformas relativas a las relaciones paterno-filiales y otras cuestiones de derecho de familia» que el Ministro de Justicia griego ha sometido a consulta pública y pretende proponer para su votación al Parlamento griego.

Sus disposiciones violan flagrantemente los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes relativos a los derechos humanos de todas las víctimas de la violencia doméstica (niñas y niños y madres principalmente) a la seguridad y la protección, y en concreto   

– Convenio de Estambul, (Ley 4531/2018)

– Directiva 2012/29/UE sobre los derechos de las víctimas (Ley 4478/2017)

– Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (Ley 2101/1992)

Las niñas y los niños están enfocados desde la perspectiva de una sociedad profundamente patriarcal, como receptores pasivos del ejercicio de los derechos parentales, no como titulares de derechos; es decir, el proyecto de ley es indiferente al:

mayor interés, que no se evalúa para cada niño/niña individualmente, sino que se considera exclusivamente la presencia de dos padres en su vida para TODOS y TODAS los niños/las niñas; impone la «custodia parental conjunta y ejercida de forma equitativa» como norma para TODOS/TODAS los niños/las niñas con padres separados

la voluntad y opinión: aunque introduce una plétora de actuaciones extrajudiciales obligatorias (contratos privados, mediaciones) antes, durante y después del juicio, no se prevé que se solicite la opinión del menor en ninguna, salvo si el caso llega a los tribunales; pero incluso en esta ocasión la motivación es instruir al juez para que no la tenga en cuenta sin que el tribunal valore que «su opinión no es fruto de un proceso dirigido o sugestivo». 

Las víctimas de la violencia doméstica (los niños/las niñas y el progenitor no agresor, sobre todo las madres) se ven expuestas por el proyecto de ley a un peligro mayor del que ya tenían:

– la regla de la «custodia parental compartida y ejercida por igual» obliga al niño/ a la niña a estar en contacto físico con el progenitor con el que no reside, «durante al menos 1/3 del tiempo total de comunicación, a menos que este progenitor solicite un tiempo menor»; la negación del niño/ de la niña se considera alienación parental por parte del otro progenitor, castigada con la retirada de la custodia

– para aplicar la norma mencionada, los padres están obligados a múltiples contactos directos y conciliaciones, mientras que, para modificarla, se recomiendan u obligan a múltiples mediaciones (antes, durante y después del juicio), en las que las sesiones de presencia simultánea de las dos partes es la única opción; no hay excepción para las víctimas-perpetradores de violencia doméstica

– la patria potestad del progenitor-perpetrador y su contacto con el niño/ la niña sólo puede restringirse o cesar tras una condena irrevocable por delitos de violencia doméstica o delitos contra la libertad sexual o delitos de explotación económica de la vida sexual; en la realidad de los tribunales griegos, esto significa que TODOS los perpetradores tienen acceso ilimitado a sus víctimas durante más de 10 años.

Sabiendo que en Grecia:

la mayoría de las mujeres maltratadas que tienen hijos u hijas con sus maltratadores, no recurren a los tribunales penales por la violencia doméstica que están sufriendo; en cambio, intentan escapar del hogar abusivo a través de las decisiones de los tribunales civiles, para obtener órdenes de restricción/protección contra el agresor y para regular la situación de la custodia de los hijos/las hijas y el contacto con el otro padre, la manutención de los hijos/las hijas, etc.

la mediación es obligatoria para todos los casos relativos a la custodia de los padres y el contacto con los hijos/las hijas para que el caso llegue al tribunal civil (Ley 4640/2019, art. 6) y la mediación penal se recomienda encarecidamente para los delitos menores de violencia doméstica (Ley 3500/2006)

– no existe un sistema de protección de la Infancia diferenciado, ni un proceso de denuncia obligatoria del maltrato/abandono de menores, ni un proceso de contacto parental supervisado

– la protección proporcionada a las víctimas de la violencia doméstica es inadecuada, ya que la mayoría de las disposiciones relacionadas del Convenio de Estambul (art. 51-53) y de la Directiva 2012/29/UE (art. 19, 20 y 22-24) siguen inactivas: la evaluación y la gestión del riesgo son inexistentes, las órdenes de alejamiento de emergencia no pueden ejecutarse, mientras que los incumplimientos de las órdenes de alejamiento/protección no se supervisan ni se castigan

expresamos nuestra gran preocupación porque dicha Ley debilitará aún más la inadecuada protección que actualmente se brinda a las víctimas de la violencia doméstica (madres e hijos e hijas) porque las expondrá a un riesgo mayor del que ya corren y dificultará enormemente su acceso a la Justicia (Civil y Penal) para pedir protección.

Confiamos en que comparta nuestra gran preocupación por todos y todas los niños y niñas y mujeres que se verán afectadas y afectados en caso de que este proyecto de ley se convierta en una ley griega y que, al igual que nosotros, priorice la seguridad y el bienestar de todos los niños, niñas y madres que sufren violencia doméstica.

Le pedimos que retire esta ambición de ley y obligue al Ministro de Justicia a iniciar una consulta abierta y sustantiva con TODOS los organismos competentes, incluidas las ONG y las organizaciones de mujeres.

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